Hace casi un año la Corte Constitucional empezó a recibir una serie de demandas que pretendían tumbar la Ley 2272 de 2022, el marco legal que el Gobierno Nacional presentó en octubre del año pasado para poner en marcha una de sus principales apuestas: la paz total.
Luego de varios meses de discusión, esta semana la Corte les dio el visto bueno a la mayoría de los puntos de la norma y dejó en firme las facultades del Ejecutivo para continuar con las negociaciones o acercamientos con los grupos armados ilegales y bandas criminales.
Sin embargo, limitó varias de las funciones y alcances que el Gobierno tenía, y dejó en claro que temas espinosos, como la suspensión de órdenes de captura, el nombramiento de voceros de paz y los términos de sometimiento a la justicia, deben ser definidos por el Congreso o los órganos judiciales.
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Aunque aún no se conoce la sentencia completa y quedan dudas sobre algunos elementos, la decisión del alto tribunal empieza a cerrar una incertidumbre que no permitía avanzar en varios de los procesos (especialmente con las estructuras urbanas), pues no estaban claras las reglas de juego.
¿Qué aspectos de la ley modifica la sentencia y cómo afectarán los tableros de negociación que el Gobierno ha abierto con la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC, los grupos herederos del paramilitarismo y las bandas delincuenciales de Medellín, Quibdó y Buenaventura?
Para el profesor Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, las líneas rojas que trazó la Corte en su decisión “son necesarias” para garantizar el Estado de derecho, la seguridad jurídica y de las víctimas, pero tienen un coletazo con los grupos ilegales.
“En términos de conversaciones y acercamientos, e incluso de diálogos, los actores armados pueden verlo como una imposición, como una camisa de fuerza que puede perjudicar y obstaculizar el margen de maniobra o discrecionalidad política que se requiere para estos procesos”, explica el docente.
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Por su parte, para la directora de la Fundación Ideas para la Paz, María Victoria Llorente, quien participó como experta en la audiencias pública convocada por la Corte el 22 de agosto pasado, el hecho de que las ramas Legislativa y Judicial entren a participar en este proceso robustece la legitimidad de la paz total: “Se abre al escenario del debate democrático, de qué es lo que los colombianos creen que es más adecuado para el tratamiento de estos grupos y no, como estaba en la ley inicialmente, un tema a discreción solamente del presidente de la República”.
En las demandas de inconstitucionalidad que evaluó la Corte -y que fueron presentadas por congresistas del Centro Democrático- se alegaba que la Ley de Paz Total tenía un supuesto vicio de trámite, que la norma vulneraba los derechos de las víctimas al otorgarles la libertad a personas condenadas y procesadas, y que violaba la separación de poderes al concederle al presidente Petro facultades que corresponden a las ramas Legislativa y Judicial.
Una vez se conoció la decisión del alto tribunal, el Gobierno, los demandantes y el fiscal general -que tienen posiciones contrarias sobre la paz total- salieron a celebrar varios apartados y aseguraron que se les dio un “espaldarazo” a sus reclamos. Pero lo cierto es que todos tuvieron victorias y derrotas. Aunque el Ejecutivo quedó con el logro de continuar con las negociaciones, tendrá que hacerlo con un margen de maniobra muy inferior al que pretendía.
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La voluntad de paz de las bandas se pondrá a prueba: Congreso definirá su sometimiento
El punto más evidente será la desarticulación de las estructuras criminales urbanas, pues si bien se podrá avanzar en las mesas de conversación, las condiciones de su sometimiento ya no estarán a discreción del presidente, sino de una ley que debe pasar y expedir el Congreso de la República.
Para Llorente, la exigencia de que sea el Legislativo quien defina el sometimiento es el mayor cambio que implica la sentencia, pues “quedarían paralizadas las eventuales negociaciones con el Clan del Golfo y los grupos de la paz urbana, hasta que el Congreso saque adelante una ley que dé el marco concreto sobre el cual puede hacerse ese sometimiento”.
Es decir, aunque los acercamientos y conversaciones pueden continuar, solo se podrá llegar al punto del sometimiento una vez el Legislativo reglamente bajo qué condiciones se hará.
El desafío ahora será ver si estos grupos mantienen su voluntad de paz mientras el Congreso expide esa ley.
“Esa ley probablemente se va a demorar, y hoy en día no son un secreto las condiciones políticas que tiene el Gobierno en el Congreso. Ya el Gobierno había intentado presentar en cabeza del senador Ariel Ávila un proyecto de ley en la legislatura pasada y se hundió, pese a que en ese momento el Ejecutivo tenía más palanca política”, dice la directora de la FIP.
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La ausencia de marco jurídico ha ralentizado el avance de estos diálogos y ha generado algunas tensiones entre los voceros de las bandas y el Gobierno.
“Lo que decidió la Corte con la ley de sometimiento despeja en gran medida el panorama. El proyecto de ley que deberá ser radicado en el Congreso envía un mensaje más expedito sobre la urgencia de ese marco jurídico”, le dijo a Colombia+20 Jorge Mejía, facilitador del Gobierno con las bandas del Valle de Aburrá, y contó que en los próximos días se hará una reunión en la cárcel de Itagüí para socializar y discutir el contenido de la sentencia de la Corte.
Encuentros como ese serán claves para saber si estas estructuras criminales mantienen su interés de permanecer en la paz total, pues durante el último año “se venía avanzando bajo a un parámetro distinto y los grupos tenían la expectativa de negociar cada uno el marco que más le conviniera. Si esto está sujeto a una ley de sometimiento bajo la cual quedarían cobijados todos los grupos, eso cambia completamente la perspectiva”, asegura Llorente.
Un freno al poder del presidente
De otro lado, la Corte tumbó la facultad que la norma le concedía al jefe de Estado para excarcelar y nombrar como voceros de paz a personas privadas de la libertad que, en su concepto, pudieran contribuir en las negociaciones con los grupos armados, lo que implica que algunos de los designados deberán volver a prisión.
De hecho, el mismo fiscal Barbosa dijo que activaría las órdenes de captura de cuatro de estos voceros. Esto aplica para algunos miembros de organizaciones sociales y humanitarias, como los miembros de la llamada Primera Línea.
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La Corte también le recordó al presidente que la suspensión de órdenes de captura de voceros y miembros representantes de los grupos ilegales está reservada a las autoridades judiciales, por lo que el Gobierno deberá justificar este tipo de solicitudes y presentarlas cuando los miembros de estas estructuras den muestras claras de voluntad de paz.
La crisis de la paz total
Las claridades que deja la decisión de la Corte Constitucional, aunque pueden destrabar algunos procesos, pueden despertar resistencias entre algunos grupos armados ilegales.
La sentencia llega en un momento de tensión de las delegaciones del Gobierno con grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las FARC comandada por Iván Mordisco. Puntos como el nombramiento y la excarcelación de voceros y la suspensión de órdenes de captura pueden sumarles dificultades a las mesas.
Además, aún falta saber qué decidió el alto tribunal sobre el tratamiento jurídico para firmantes de acuerdos de paz previos (un punto clave en la negociación con el EMC y la Segunda Marquetalia, especialmente). Hay que recordar que, según está establecido, estas personas ya no podrían firmar nuevos pactos, por haber incumplido los del pasado.
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Las próximas semanas serán decisivas para que el gobierno Petro haga los ajustes a la arquitectura institucional de su estrategia de paz total conforme a las disposiciones de la Corte, que tras esta sentencia le pasa el balón al Ejecutivo para sacar adelante su proyecto más ambicioso.